Los padres piden mayor presupuesto y voluntad política para llevar a la práctica la Ley de Apoyo a la Familia.
Arantza Rodríguez
Bilbao. Llega el verano, no hay plazas suficientes en las colonias, los abuelos han huido al pueblo y los hijos se presentan en casa con las notas de fin de curso y la bata del colegio. Qué hacer con ellos durante el horario laboral es el quebradero de cabeza al que se enfrentan miles de padres cada año. Para que compaginar trabajo y familia sea más llevadero, el Gobierno vasco pondrá en marcha programas de educación y tiempo libre en los centros de enseñanza durante las vacaciones y en horario extraescolar.
Además de la citada medida, el proyecto de Ley de Apoyo a la Familia -aprobado ayer por el Consejo de Gobierno- contempla que en las subvenciones que estén condicionadas a la renta familiar se tome en consideración el número de miembros, lo que hace que "la fórmula sea más real y más justa", según valoró el consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, quien también anunció la creación de un Consejo de Familia y un Observatorio de la Familia.
A la espera de que el proyecto de Ley sea tramitado en el Parlamento vasco, Ana Eizagirre, coordinadora de la Confederación de Padres y Madres de Euskal Herria, considera "muy necesaria" la medida que prevé organizar actividades en los colegios fuera del horario lectivo porque "hay un problema muy grande de conciliar la vida laboral y familiar". "No es que los padres y madres quieran que sus hijos estén ocupados todo el día. El problema es que no les pueden atender en determinados horarios porque están trabajando y lo mejor es que ese tiempo esté organizado con actividades lúdicas, porque horas de estudio ya tienen bastantes", explicó Eizagirre a este periódico.
Convencida de que "cuestiones como la convivencia o la igualdad" se aprenden "mucho más fuera del horario escolar", Eizagirre subrayó la necesidad de que "haya un importe económico importante por parte de las entidades públicas para el apoyo a todo este tipo de actividades y, fundamentalmente, a las asociaciones de padres y madres, que son las que organizan el 90% de las mismas".
FAMILIAS NUMEROSAS. Con la esperanza de que el proyecto presentado ayer por Azkarraga "se haga ley, porque creemos que tiene que existir un paraguas legislativo que apoye a la familia en general", la directora de Hirukide, Natalia Díez-Caballero, también valoró positivamente la iniciativa encaminada a conciliar durante las vacaciones escolares la vida familiar y laboral. "Es un problema que vamos a padecer dentro de unos meses las familias que tenemos hijos y las numerosas más, porque no es lo mismo dejar a los abuelos a un nieto o una nieta que dejar a su cargo a dos, tres o cuatro", constató, al tiempo que reclamó "acuerdos" entre las instituciones y los centros escolares para poner en marcha estos programas de educación y tiempo libre.
Tras considerar "muy importante que aquellas ayudas que estén sujetas a renta tengan siempre en cuenta el número de hijos", tal y como recoge el proyecto de Ley, Díez-Caballero solicitó que esta nueva forma de evaluar sea acatada por "los diferentes departamentos e instituciones" para "poder tener una única referencia de nivel de renta gobierne quien gobierne, ya vivas en Vitoria o en Lasarte".
La directora de Hirukide demandó asimismo "una partida presupuestaria mayor", para que "las familias podamos realmente sentirnos amparadas con esa ley", así como que haya "muy buena disposición y voluntad política por parte de las instituciones para acatarla, porque si no, no servirá de nada".
Otra de las novedades del proyecto de Ley de Apoyo a las Familias es que convierte por primera vez en un derecho subjetivo las ayudas por el nacimiento y mantenimiento de hijos, además de garantizar las medidas de conciliación entre la vida familiar y profesional.
Azkarraga explicó que la ley supone además un compromiso de convergencia con la praxis de la Unión Europea, tanto en el sistema de ayudas como en los servicios de conciliación, y estimó que "esta convergencia tiene que ser un hecho para el año 2020". Respecto al gasto, precisó que el coste estimado de la Ley para el trienio 2008-2010 es de 1.703 millones de euros, de los cuales las Diputaciones asumirán el 62%.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario