Creen que debe ser el consejo escolar, y no el director, quien establezca la sanción.
Gasteiz. El decreto de Derechos y Deberes del Alumnado, que establece las medidas sancionadoras en caso de que se produzcan comportamientos violentos en las aulas, ya se ha topado con las primeras voces críticas: los padres. El colectivo no ha recibido con agrado que el borrador que ha elaborado el Departamento de Educación otorgue a los directores de los colegios la potestad exclusiva para determinar el castigo que debe recibir un alumno si su conducta "perjudica gravemente la convivencia del centro". Consideran que la decisión final debe ser consensuada con ellos, tal y como se viene haciendo hasta ahora, pese a que el procedimiento actual puede prolongarse durante meses.
Las asociaciones de padres y madres de la escuela pública alavesa insisten sin embargo en que su participación en las medidas disciplinarias que adopte el centro no tiene por qué estar reñida con la demora que habitualmente sufre todo este proceso, desde que el hecho se denuncia. En la actualidad es el Consejo Escolar, compuesto por profesores, padres y alumnos, quien decide la sanción tras un debate en el que se comentan las apreciaciones realizadas por el personal docente. El nuevo decreto, sin embargo, quiere saltarse este procedimiento con el objetivo de reducir el tiempo que tarda el alumno en recibir su castigo, y por ello delega esta función en el director o, en su caso, en el jefe de estudios.
Denon Eskola, en las alegaciones que ha hecho al decreto, demanda que se mantenga ese "espíritu de consenso" que existe en las denominadas comisiones de convivencia. "Creemos que se debe seguir teniendo en cuenta la opinión de las familias", asegura su portavoz, Santa González. En la misma línea, desde la AMPA del instituto Samaniego denuncian cualquier medida que "quite voz" a los padres. "Lo que pretenden con este decreto es arrancar a parte de la comunidad educativa, cuando lo que tenemos que hacer es caminar juntos", insisten.
Sanciones.
Otra de las cuestiones más polémicas de este borrador que es, en definitiva, una herramienta para que los profesores puedan recuperar la autoridad, es el del contenido de las medidas disciplinarias. Educación propone, entre otras cosas, expulsiones de hasta un mes, y da luz verde a los centros para que, si lo juzgan oportuno, veten la entrada del alumno al comedor así como el uso del autobús escolar.
En este sentido, las familiar apuestan por castigos "pedagógicos" que contribuyan a reeducar al alumno que haya cometido la infracción. "Muchas veces hacerle limpiar las pintadas del patio da más resultados que enviarle 15 días a casa, que puede estar encantado", asegura González. En este punto coinciden gran parte de las asociaciones de padres y madres del territorio, que creen que si se determina que el estudiante debe recibir una de las sanciones más duras de las que enumera el decreto, como la expulsión, ésta debe ir acompañada de otras acciones de apoyo, como la atención psicológica, para lograr corregir su comportamiento.
El Sindicato de Estudiantes llevó ayer a cabo una concentración en la plaza de la Virgen Blanca de Gasteiz para protestar en contra de la aplicación del nuevo decreto de Derechos y Deberes del Alumnado que, según dijeron, "recorta la libertad de expresión" del alumnado vasco.
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